Financiación autonómica: quién recauda, quién recibe y a quién deben las comunidades

En 2025, las comunidades autónomas gastaron el equivalente al 16,9 % del PIB y los ayuntamientos, el 6,1 %. Juntos hacen la mitad del gasto público, una proporción solo superada en la UE por Dinamarca y parecida a la de dos países federales, Bélgica (50 %) y Alemania (47 %). Francia (20 %) e Italia (29 %) están muy por debajo. La diferencia es quién gasta: en Dinamarca o Suecia, todo lo hacen los gobiernos locales; en España, las comunidades, que tienen la sanidad, la educación y buena parte de los servicios sociales.

Esa descentralización viene con deuda. A finales de 2025, las comunidades debían el 20,2 % del PIB y los ayuntamientos, el 1,2 %. Solo los gobiernos regionales de Bélgica deben una proporción parecida (20,4 %); los estados federados alemanes, el 14,6 %, y los austriacos, el 6,2 %. Parte de esa deuda es una deuda dentro del propio sector público: más de la mitad se la deben las comunidades al Estado, como se ve en «España en el tiempo».

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Cuatro comunidades deben más de una cuarta parte de su PIB: la Comunidad Valenciana, Murcia (30,8 %), Castilla-La Mancha y Cataluña (28,1 % cada una). Madrid (12,3 %) y Asturias (12,5 %) están entre las que menos deben. El País Vasco (11,7 %) y Navarra (8,4 %) tienen un régimen foral: recaudan casi todos sus impuestos y pagan al Estado una cantidad, el cupo vasco y la aportación navarra, por las competencias que este mantiene. Por eso no entran en el sistema común ni en las comparaciones de financiación que siguen.

Las comunidades de régimen común se financian sobre todo con impuestos cedidos: la mitad del IRPF y del IVA, el 58 % de los impuestos especiales de fabricación y tributos como patrimonio, sucesiones o transmisiones. Como lo que se recauda depende de la renta de cada territorio, el sistema lo redistribuye. El 75 % entra en un Fondo de Garantía, junto con una aportación del Estado, que se reparte según la población ajustada; después se suman otros fondos. En 2024, según los cálculos de Fedea sobre la liquidación de Hacienda, el sistema dio a las comunidades de menor renta 24.647 millones de euros más de lo que recaudaban: 13.238 los puso el Estado y 11.409, Madrid, Cataluña y Baleares, las únicas que aportaron más de lo que recibieron. Madrid aportó 8.681 millones, el 26 % de lo que recauda.

El reparto no deja a todas en la media. Tras él, la financiación por habitante ajustado va de 92,0 en Murcia a 118,6 en Cantabria. Murcia, la Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha quedan por debajo de 95; Cantabria, La Rioja (112,2) y Extremadura (110,6), en cabeza. Según Fedea, el Fondo de Garantía reduce mucho las diferencias (la desviación típica del índice baja de 22,2 a 6,1 puntos), pero los fondos que añade después el Estado la suben a 7,5 y cambian el orden de las comunidades.

¿Tiene que ver con la deuda? En parte. En las 15 comunidades de régimen común, la relación entre financiación y deuda es negativa (coeficiente de correlación de -0,57): las dos peor financiadas, Murcia y la Comunidad Valenciana, son las dos más endeudadas. Pero no lo explica todo. Cataluña, con una financiación algo por encima de la media (102,6), comparte el tercer puesto en deuda con Castilla-La Mancha, y Andalucía, con la misma financiación que esta (94,7), debe bastante menos (18,2 %). La deuda depende también de cuánto gastó cada comunidad, de los déficits acumulados en las crisis y de las decisiones de cada gobierno, que estos datos no separan.

La ficha: el sistema de financiación de 2009

1. Qué es. La Ley 22/2009 regula cómo se financian las 15 comunidades de régimen común: qué parte de los impuestos estatales se les cede y cómo se reparte entre ellas a través del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales (el 75 % de sus ingresos tributarios más una aportación del Estado) y de los fondos de Suficiencia, Cooperación y Competitividad.
2. Quién y cuándo. La aprobaron las Cortes en diciembre de 2009. Prevé valorar cada cinco años sus elementos principales, pero no se ha sustituido: la liquidación de 2024, que se paga en 2026, todavía se calcula con ella.
3. Qué debería pasar. Que todas las comunidades tengan recursos parecidos por unidad de necesidad para prestar los servicios básicos (sanidad, educación y servicios sociales), recauden lo que recauden.
4. Con qué lo comparamos. Con lo que cada comunidad reúne con sus propios impuestos antes del reparto (gráfico D2), usando los cálculos de Fedea sobre la liquidación oficial.

Lo que queda pendiente. En diciembre de 2025, el Consejo de Ministros envió al Congreso un proyecto de ley orgánica para que el Estado asuma 83.252 millones de euros de deuda de las comunidades de régimen común, con un ahorro de intereses estimado de unos 6.700 millones, según Hacienda. Es algo más de dos de cada diez euros de lo que debían las comunidades en junio de 2026. En julio de 2026, el Pleno rechazó las enmiendas a la totalidad y el proyecto siguió su tramitación, pero no había terminado su tramitación cuando el Real Decreto 806/2026 disolvió las Cortes el 5 de octubre. Según el Reglamento del Congreso (artículo 207), la disolución deja caducados los asuntos pendientes: el próximo Congreso tendrá que decidir si lo retoma. Ni un sistema de financiación nuevo ni la condonación se han aprobado, así que sus efectos no se pueden evaluar con datos.

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Hasta 2008, la deuda de las comunidades se movió entre el 5,5 % y el 6,7 % del PIB. Con la crisis se triplicó en cinco años, hasta el 18,3 % a finales de 2012, y desde 2014 no ha bajado del 20 %. En proporción al PIB ha bajado desde 2021, pero en euros sigue creciendo: de 303.992 millones a finales de 2020 a 355.241 millones en junio de 2026.

En julio de 2012, con muchas comunidades con dificultades para financiarse en los mercados, el Estado creó el Fondo de Liquidez Autonómico, un mecanismo voluntario para prestarles el dinero que necesitaban para pagar sus vencimientos. Junto a él ha habido otros mecanismos del Estado con el mismo fin. Desde entonces, buena parte de la deuda nueva de las comunidades se la presta el Estado: a finales de 2024 era el acreedor del 62,8 %. En el primer semestre de 2026, la deuda con bancos, mercados y otros acreedores creció en 16.500 millones de euros, mientras la que tienen con el Estado bajó.

Para el conjunto de las administraciones, lo que una comunidad debe al Estado se compensa con lo que el Estado tiene prestado: por eso la deuda pública total, la que se compara con Europa, no lo cuenta dos veces. Si el Estado asume parte de esa deuda, baja la de las comunidades, pero la del conjunto de las administraciones no cambia: cambia quién la debe.

Lo que no dicen estos datos. La deuda mide lo que se debe, no si el dinero se gastó bien ni en qué. La financiación por habitante ajustado es un cálculo de Fedea a igual esfuerzo fiscal: no incluye lo que cada comunidad recauda de más o de menos al subir o bajar sus impuestos, y Fedea presenta los resultados de 2024 como provisionales. La población ajustada es la estimación de necesidades que fija la propia ley, y se discute. Las forales no se pueden comparar con la misma medida. Estos datos no permiten atribuir la deuda de una comunidad a su financiación, a su gestión o a un gobierno concreto. Y la comparación europea suma niveles de gobierno que no tienen las mismas competencias en cada país.

Ver también: La legislatura en datos: deuda y déficit del conjunto de las administraciones

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