Sanidad: listas de espera y gasto por comunidad

La sanidad es una competencia de las comunidades, pero el Estado fija las reglas comunes: qué servicios cubre el sistema público, los tiempos máximos de espera garantizados y el sistema de financiación de las comunidades. Las tres dependen de leyes y decretos estatales que el Gobierno y las Cortes que salgan del 29N podrán cambiar. En 2024, el gasto público en sanidad equivalió al 6,5 % del PIB, por debajo de la media de la UE y en mitad de la tabla: Austria, Chequia, Croacia o Francia dedican entre el 8,9 % y el 9,5 %. La diferencia también se ve por habitante y sumando lo público y lo privado: medido en estándares de poder adquisitivo (una unidad que corrige las diferencias de precios entre países), España gastó 3.319 por persona, un 19 % menos que la media de la UE (4.075).

Lo que no paga el sector público lo pagan, sobre todo, los hogares. En España, las administraciones y la Seguridad Social cubren el 72,2 % del gasto sanitario, ocho puntos menos que en el conjunto de la UE (80,3 %). Los seguros voluntarios pagan el 6,3 %, y los hogares, el 21,5 %, directamente de su bolsillo. Ese pago directo incluye la parte del precio de los medicamentos con receta, pero también servicios que el sistema público apenas cubre, como el dentista o las gafas, y las consultas privadas.

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A 31 de diciembre de 2025 había 853.740 pacientes esperando una operación no urgente en la sanidad pública, que llevaban de media 122 días en la lista. Las diferencias entre comunidades son grandes. En Andalucía y Cataluña, uno de cada tres pacientes (32,2 % y 32,0 %) llevaba más de seis meses esperando; en Madrid, menos de uno de cada cien (0,8 %), y en el País Vasco, el 2,3 %. La espera para ver por primera vez al especialista sigue otro orden: la media es de 102 días, y va de 32 en La Rioja a 162 en Canarias, sin contar Ceuta y Melilla. Madrid, que tiene la espera quirúrgica más corta, es la comunidad con más pacientes por habitante pendientes de esa primera consulta (134,7 por cada 1.000).

Tampoco gastan lo mismo. En 2024, el País Vasco y Asturias gastaron en sanidad más de 2.300 euros por habitante; Andalucía, la que menos, y Madrid, la segunda que menos, por debajo de 1.800. Pero gastar más no se traduce en esperar menos: entre las 17 comunidades, la relación entre el gasto por habitante y el tiempo de espera quirúrgica es prácticamente nula (coeficiente de correlación de -0,09). Madrid gasta poco y tiene la espera más corta; Andalucía gasta lo mínimo y tiene la más larga; Cantabria y Extremadura gastan más de 2.200 euros y sus pacientes llevan más de 130 días esperando. La espera depende también de cuántos pacientes entran en la lista, de cómo se organizan los quirófanos y los especialistas, y de cómo cuenta cada comunidad su propia lista.

La ficha: los tiempos máximos de espera garantizados

1. Qué es. El Real Decreto 1039/2011 garantiza a todos los usuarios del Sistema Nacional de Salud un tiempo máximo de 180 días naturales, desde que el médico indica la operación, para cinco intervenciones: cirugía cardíaca valvular, cirugía cardíaca coronaria, cataratas, prótesis de cadera y prótesis de rodilla.
2. Quién y cuándo. Lo aprobó el Gobierno en julio de 2011, en aplicación de la Ley 16/2003 de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, y está en vigor desde el 30 de agosto de 2011. Las comunidades concretan la garantía en su territorio y pueden fijar plazos más cortos.
3. Qué debería pasar. Que ningún paciente espere más de 180 días para esas operaciones. Si el plazo no se puede cumplir, el servicio de salud debe ofrecer alternativas, como operarse en otro centro. Quien rechaza la alternativa pierde la garantía.
4. Con qué lo comparamos. Con el porcentaje de pacientes de esas operaciones que llevaban más de seis meses en la lista a 31 de diciembre de 2025, según el informe del Ministerio de Sanidad.

El resultado. Seis meses equivalen, aproximadamente, a los 180 días garantizados. A finales de 2025 llevaban más de seis meses esperando el 15,9 % de los pacientes pendientes de una prótesis de rodilla y el 13,7 % de los de una prótesis de cadera. En cirugía cardíaca valvular eran el 6,9 %; en cataratas, el 2,6 %, y en cirugía coronaria, el 1,6 %. Son datos de todo el sistema: el informe no los da por comunidad. Y miden la lista estructural, de la que salen los pacientes que rechazan operarse en otro centro, así que no dicen cuántos pacientes se quedaron sin la garantía.

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La pandemia disparó la espera: en junio de 2020, los pacientes llevaban de media 170 días en la lista, frente a 121 a finales de 2019. El tiempo medio ha vuelto a ese nivel (122 días a finales de 2025), pero la lista es más larga. El máximo fue a finales de 2023, con 18,1 pacientes por cada 1.000 habitantes. Entran más pacientes que antes, 2,81 millones en 2025 frente a 2,47 millones en 2019, pero por habitante casi los mismos (58,2 por cada 1.000 frente a 57,2). En cambio, la lista por habitante es un 14 % más larga que a finales de 2019.

En 2024, el gasto sanitario público de todas las administraciones fue de 101.739 millones de euros, y cada vez se concentra más en los hospitales y los especialistas. La factura de las recetas ha crecido mucho menos y ha perdido peso. Parte del cambio es contable: los medicamentos que se dispensan en el hospital no cuentan como farmacia, sino como gasto hospitalario, y estos datos no permiten separarlos. La atención primaria, la puerta de entrada al sistema, mantiene una parte casi igual que en 2002, en torno a uno de cada siete euros.

Lo que no dicen estos datos. La lista de espera mide cuánto llevan esperando los que siguen en ella, no cuánto tardaron en operarse los demás, y deja fuera a quienes esperan por decisión propia o por motivos clínicos. Cada comunidad cuenta su lista y responde de sus datos, según el propio Ministerio, que los agrega; en el pasado ha habido cambios de cómputo que rompen la serie, como el de Andalucía en 2018. El gasto por habitante no tiene en cuenta la edad de la población ni lo que pagan las mutualidades de funcionarios en cada territorio. La comparación europea mezcla sistemas con carteras de servicios distintas: el pago de los hogares es mayor donde el sistema público cubre menos, como el dentista. Y ni la espera ni el gasto dicen nada de la calidad de la atención ni de sus resultados en salud, ni permiten atribuir las diferencias a la gestión de un gobierno concreto.

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